Washington, D.C., 30 de agosto de 2026.- “¿Dónde están?”. La pregunta resonó el pasado 6 de agosto durante la audiencia Nicaragua: Desapariciones forzadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que un grupo de organizaciones expuso la situación de las personas sometidas a desaparición forzada, una práctica que se ha consolidado como una herramienta sistemática del régimen Ortega-Murillo para ejercer control social y sembrar terror en Nicaragua.
La interrogante fue planteada por la comisionada Rosa María Payá, relatora de la CIDH para Nicaragua, después de escuchar detalles sobre esta forma de represión que, a julio de 2026, afectaba a 23 personas de un total de 60 personas arbitrariamente privadas de su libertad, según la última actualización del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua.
Payá dirigió la pregunta directamente a Daniel Ortega y Rosario Murillo, autoproclamados presidente y copresidenta de Nicaragua, respectivamente. “¿Dónde están?”, insistió, antes de nombrar a los hombres y mujeres que, hasta esa fecha, figuraban en la lista de personas en condición de desaparición forzada: Steadman Fagoth Müller, Manuel Urbina Lara, Víctor Boitano Coleman, Eddie González Valdivia, Douglas Pérez Centeno, Carlos Brenes Sánchez, Salvadora Martínez Aburto, entre otros.
El 19 de agosto la desaparición forzada volvió a ser tratada en una audiencia sobre las medidas provisionales del Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que participó Raza e Igualdad, la Asociación Memoria y Justicia, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Mas y el Movimiento Autónomo de Mujeres, entre otras. Algunos de los beneficiarias de las medidas de protección antes mencionadas se encuentran en situación de desaparición forzada, entre ellos, Carlos Brenes, su esposa Salvadora Martínez y el líder indígena miskito Steadman Fagoth Muller, todos personas mayores y, por lo tanto, expuestas a riesgos más graves para su vida, salud e integridad personal.
Una práctica que se ha perfeccionado
La pregunta “¿Dónde están?” no es nueva para las familias nicaragüenses. Tampoco lo es para las organizaciones que desde 2018 documentan esta práctica. Lo que ha cambiado es la manera en que el Estado la utiliza.
Durante la audiencia ante la CIDH, las organizaciones expusieron cómo la desaparición forzada en Nicaragua ha evolucionado en los últimos ocho años y se ha convertido en una herramienta permanente de control e intimidación. Esta evolución puede observarse en tres dimensiones principales: el ocultamiento del paradero, la administración selectiva de la información y la expansión del patrón hacia nuevos escenarios y perfiles de víctimas.
El ocultamiento del paradero
Si en los primeros años las desapariciones se concentraban en los primeros días o meses de la detención, desde finales de 2023 el ocultamiento se ha extendido durante gran parte de la privación de libertad. Desde 2024, este patrón ha sido documentado de manera consistente en al menos 39 casos. Las familias enfrentan una negativa sistemática de las autoridades a informar sobre el paradero, estado de salud o situación de sus seres queridos, y en algunos casos han sido sometidas a amenazas, violencia o exigencias de dinero a cambio de información.
La administración selectiva de la información
El Estado ya no necesita negar que una persona está detenida para mantenerla en condición de desaparición forzada. Puede reconocer parcialmente la detención mientras oculta el lugar de reclusión, las condiciones en que se encuentra, su estado de salud o su situación jurídica. Las llamadas “pruebas de vida” —fotografías, videos o comunicados difundidos unilateralmente— tampoco permiten verificar de manera independiente estas condiciones ni garantizan el contacto con la familia, el acceso a una defensa de confianza o el control judicial.
La expansión del patrón
La desaparición forzada también ha alcanzado nuevos escenarios y perfiles. Se han documentado casos que terminan con arresto domiciliario sin esclarecer el periodo de ocultamiento, así como cuatro casos de personas exiliadas en Costa Rica contra quienes se utilizaron solicitudes de extradición y alertas de INTERPOL; en dos de ellos, la extradición fue seguida de detención y desaparición. Asimismo, las víctimas ya no son únicamente opositores, periodistas o defensores de derechos humanos: también incluyen antiguos funcionarios públicos, militares en retiro, jueces, líderes religiosos, familiares de personas perseguidas y personas sin trayectoria pública de activismo.
Esta evolución demuestra que el riesgo de desaparición forzada ya no está determinado únicamente por la participación política de una persona, sino también por la manera en que el aparato estatal la percibe y por el efecto intimidatorio que su desaparición puede producir sobre otras. La desaparición forzada se ha convertido así en un mecanismo de intimidación colectiva que transmite un mensaje de impunidad: cualquier persona puede ser detenida, incomunicada o desaparecida.
Brooklyn Rivera: una desaparición que terminó en muerte
El caso de Ta Upla Brooklyn Rivera evidencia hasta dónde puede llegar este patrón. El líder indígena miskitu fue detenido en septiembre de 2023 y permaneció en condición de desaparición forzada durante más 970 días. Su paradero y estado de salud fueron ocultados hasta el 27 de mayo de 2026, cuando las autoridades mostraron públicamente a Rivera en estado crítico de salud y tres días después informaron sobre su muerte.
Pero el caso de Rivera no terminó con él. El 31 de mayo de 2026, seis de sus familiares fueron desaparecidos tras ser detenidos por reclamar sus restos para sepultarse según sus tradiciones y costumbres.
¿Dónde están?
Este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la pregunta formulada durante la audiencia de la CIDH vuelve a cobrar fuerza: ¿Dónde están?
Douglas Pérez, Centeno, Byron y Alexander Espinoza Flores, Elvia Flores Castillo, Florencia Sarmiento, Glenis Pantin Coleman, Jorge Webster Rojas, Alda López, Santos Rodríguez Lago, Ricardo Mendoza, Larry Martínez, Steadman Fagoth Muller y las demás personas que están desaparecidas, pero cuyos nombres no son revelados por la opacidad estatal y el temor que habita en sus familias.
Detrás de cada nombre hay una persona, una familia y una historia que no puede ser reducida a una cifra. Y mientras el Estado se niegue a informar sobre su paradero y situación, la desaparición continúa.
El Estado nicaragüense debe informar de manera inmediata sobre el paradero y las condiciones de todas las personas en situación de desaparición forzada, garantizar sus derechos y permitir que sus familias conozcan la verdad.
Porque preguntar “¿Dónde están?” también es una forma de mantenerlas presentes. Y mientras no haya respuestas, seguiremos preguntando.
Exigimos al Estado de Nicaragua esclarezca el paradero de las personas desaparecidas y les libere inmediatamente.
Exigimos al régimen Ortega-Murillo: ¡Nicas Libres Ya!