Washington D.C, 4 de diciembre de 2023- El régimen despiadado de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, decidió, nuevamente, llenar las cárceles de personas inocentes y condenarles a penas desproporcionadas por el simple hecho de ser opositoras o percibirlas como tales.
Hasta finales de noviembre, la cifra de personas privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua seguía creciendo y ya se estimaba en casi un centenar. El Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas, contabiliza al menos 91 personas encarceladas arbitrariamente, entre ellas 17 mujeres que están sometidas a especiales afectaciones por su género y 19 personas mayores de 60 años con padecimientos crónicos que exponen sus vidas.
Tan solo 9 meses después de haber liberado, desterrado y despojado de la nacionalidad a 222 personas privadas de libertad, el régimen, nuevamente, sigue llenando las cárceles con más personas que identifica o percibe como opositoras.
Adicionalmente, otras 55 personas no están en la lista antes mencionada, porque no están detenidas ni en el Sistema Penitenciario “La Modelo” ni en la cárcel para mujeres “La Esperanza”, pues tras ser capturadas en abril de 2023, se les impuso la medida alterna de presentación periódica y se les obliga a llegar todos los días a una estación policial cercana a firmar un documento ante las autoridades.
A pesar que estas cifras son altas, recordamos que por el miedo que ha impuesto el régimen en las familias que se encuentran en Nicaragua, éstas prefieren guardar silencio y no denunciar la situación de detención arbitraria que viven, por lo que sigue existiendo un subregistro de personas detenidas por motivaciones políticas.
“Si un preso político es demasiado, tener otra vez a casi 100 es un crimen por el que los responsables deben ser sancionados. No debemos permanecer indiferentes ante la evidencia de que estamos frente a un régimen cínico y cruel que continúa violando sus compromisos internacionales de derechos humanos mientras celebra una supuesta época de expansión económica construida sobre el endeudamiento del pueblo nicaragüense, las remesas que los exiliados envían y el sufrimiento de todas las víctimas de la represión y sus familias”, alertó el director de Raza e Igualdad, Carlos Quesada.
Un nuevo patrón de vulneración al debido proceso
Según un informe de la Unidad de Defensa Jurídica presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) este año, el régimen utilizó un patrón diferente con las personas detenidas durante el año 2023 y cuando éstas eran capturadas sin orden judicial, ya no fueron llevadas a las celdas policiales de la Dirección de Auxilio Judicial Evaristo Vásquez Sánchez, sino que fueron sometidas a desaparición forzada en el Distrito III de Managua hasta por un período de tres meses.
Desde septiembre del presente año, indica el mismo informe, las personas detenidas por motivaciones políticas son enviadas directamente a “La Modelo”, en el caso de los hombres y “La Esperanza”, en el caso de las mujeres sin haber sido presentadas ante un judicial.
Las personas detenidas ni siquiera son llevadas al complejo judicial cuando se les va a leer una sentencia, en muchos casos, se enteran por medio de una videollamada mientras todavía se encuentran detenidas en una celda.
“Las familias están desesperadas por volver a reunirse con quienes hoy están detenidos ilegalmente en Nicaragua y el régimen solo les permite visitas una vez al mes o incluso con una periodicidad mayor, se niega a autorizar visitas conyugales y restringe, casi por completo, la visitas de quienes tienen hijos e hijas. La crueldad en contra de estas personas es cada vez mayor y se extiende a todo el núcleo familiar”, resaltó Christina Fetterhoff, directora de programas de Raza e Igualdad.
Las torturas contra las personas privadas de libertad
En el informe Violaciones a los derechos humanos de las personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua elaborado por el Instituto Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos se detalla que las personas que están privadas de libertad por motivos políticos son obligadas a desnudarse cada vez que salían de sus celdas y a hacer sentadillas desnudas cuando regresaban.
El régimen no sólo se ha negado a medicar a las personas con padecimientos de salud y se reporta un caso de una persona que se quejó de sentir mucho dolor y fue montada en una ambulancia, pero no para llevarla a un hospital, sino para dejarla en el vehículo, sin agua, comida ni medicamentos.
Además, las personas son golpeadas, encadenadas las 24 horas del día, humilladas y sometidas a otros tipos de torturas que no solo las afectan físicamente, sino también mentalmente. Las celdas donde se encuentran recluidas están infestadas de mosquitos y cucarachas; no tienen un colchón y deben dormir en losetas de cemento sin una frazada con la que abrigarse.
La tortura de tener un familiar preso político
El régimen Ortega-Murillo no sólo está afectando la salud mental y física de las personas detenidas arbitrariamente en Nicaragua, sino también la de sus familiares.
El mismo informe de la UDJ refleja que las afectaciones psicológicas en las familias empiezan desde el momento traumático que viven cuando se detiene a la persona, pues normalmente ocurre con violencia y en clara violación a la propiedad privada.
Muchas de las personas presas políticas tienen hijos menores que han presenciado la captura de su padre o madre, conociendo un caso en el que una niña debió ser internada en un hospital por la depresión causada tras haber presenciado la captura de su padre y de su madre, resalta parte del informe.
Las familias también son expuestas a una angustia prolongada cuando las personas detenidas son sometidas a desaparición forzada por largos períodos de tiempo y se ven afectadas económicamente por tener que movilizarse a varios lugares, como estaciones policiales, para intentar averiguar el paradero de sus seres queridos.
Una cárcel llamada Nicaragua
Diciembre de 2023 cierra con una cárcel llamada Nicaragua donde la voluntad dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo impera sobre la Constitución de la República y cualquier ley.
Ya nadie está seguro, no sólo quienes disienten de las ilegalidades que comete el régimen están en riesgo, sino también sus familias. Cuando las autoridades policiales reciben órdenes de Ortega y Murillo, los opositores son desaparecidos forzadamente, para ser luego procesados y castigados con cárcel, tortura, aislamientos prolongados, inaceptables restricciones para recibir visitas de familiares, amenazas constantes con lastimar a sus hijos e hijas y en última instancia, hasta exponerles o llevarles a la muerte por falta de atención médica oportuna. En esta etapa, ni siquiera los empleados estatales que se habían mantenido leales al régimen están seguros, como ha quedado evidenciado con lo sucedido en la Corte Suprema de Justicia.
Si antes se creía que estas detenciones arbitrarias solo afectaban a un reducido grupo de inconformes dentro de las filas del FSLN, ahora hay casi una decena de personas detenidas por motivos políticos que se identificaban como sandinistas.
La represión, la vigilancia y la persecución contra cualquiera que identifique como una amenaza aumentan, y la paranoia es tal, que parece que todo y todos representan una amenaza para un régimen dictatorial que ya ha superado con creces a la dictadura de la familia Somoza.
¡La comunidad internacional debe impedir que el Estado de Nicaragua continúe cometiendo crímenes de lesa humanidad! El Instituto Sobre Raza e Igualdad y Derechos Humanos y las organizaciones que participamos en la campaña #NicasLibresYa, condenamos y denunciamos ante la comunidad internacional que a casi seis años del inicio de las protestas de abril 2018, ya nadie está seguro en Nicaragua y que estamos ante una nueva ola de detenciones que tiene el propósito de mantener aterrorizada a la población para que se abstenga de ejercer su libertad de expresión y sus derechos.
Este mes de diciembre, desde #NicasLibresYa continuaremos exigiendo la liberación de todas las personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua, recordando que las acusaciones en su contra son falsas y que las condenas fueron impuestas por autoridades sin independencia en procesos absolutamente viciados. Por lo tanto, todas deben ser liberadas de inmediato, sus acusaciones anuladas y se les debe permitir regresar a sus hogares en estas fiestas.
A Daniel Ortega y Rosario Murillo les decimos: ¡Basta ya de detenciones arbitrarias! ¡Liberen YA a las personas privadas de libertad por motivos políticos!