Las y los presos políticos en Nicaragua no pueden esperar más
Washington D.C., Managua, San José. 30 de junio de 2022.- Tras las protestas ciudadanas que exigían la renuncia de Daniel Ortega al poder, centenares de nicaragüenses fueron detenidos y se convirtieron en personas presas políticas que serían procesadas, juzgadas y condenadas con pruebas fabricadas por la Policía Nacional y la Fiscalía del régimen en Nicaragua, imputándoles la supuesta comisión de delitos como represalia al ejercicio legítimo de sus derechos a la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica, entre otros.
Desde el inicio de la represión en 2018, mediante la cual Daniel Ortega y Rosario Murillo buscaron poner fin a la protesta social para permanecer en el poder incurriendo en graves crímenes en contra de la población nicaragüense, incluidos niños y niñas, adolescentes, jóvenes estudiantes, mujeres, personas LGBTI+, pueblos indígenas, personas adultas mayores, entre otros grupos particularmente vulnerabilizados, se ha exigido la liberación de cientos de personas, incluyendo las 190 que aún continúan encarceladas de forma injusta.
Luis Carlos Valle Tinoco, de 34 años es quien más días ha permanecido en el interior de una celda en el Sistema Penitenciario La Modelo, donde fue condenado, supuestamente por la comisión de los delitos de robo agravado y portación ilegal de armas, dos de los tres delitos que el régimen les imputó como patrón en ese primer período para justificar las detenciones arbitrarias durante el año 2018, además de la aplicación en otros casos, de tipos penales como crimen organizado y entorpecimiento de servicios públicos.
Hasta el 13 de junio de 2022, Valle Tinoco lleva 1526 días de ver tras las rejas cómo la luz se filtra desde afuera. Su condena es ilegal e injusta, y la represalia contra él ha sido tal que se le impidió asistir al funeral de su madre, quien falleció 23 días después que él fue arbitrariamente capturado. Así como él, aproximadamente 16 presos y presas políticas han sido impedidos de estar presentes en el funeral de sus madres o padres.
En 2019 y 2020 el patrón que el régimen usó para perseguir, juzgar y condenar a las personas presas políticas cambió y las acusaciones fueron por delitos de delincuencia común como trafico de estupefacientes, portación ilegal de armas, robo agravado y asesinato, con el interés de sustentar el discurso gubernamental y aparentar que en Nicaragua no existen personas que estén en prisión por motivos políticos, sino delincuentes.
A partir de finales de 2020, la Asamblea Legislativa dominada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó una serie de leyes represivas, ampliamente cuestionadas por los órganos internacionales de protección de derechos humanos, con el único objetivo de profundizar sus mecanismos de persecución sistemática de la disidencia. Algunas de estas leyes son la Ley de Ciberdelitos (Ley 1060) y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz (Ley 1055), que si bien no contempla penas privativas de libertad, es una norma penal en blanco y remite al delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional contenido en el Código Penal.
Fue así que a partir de mediados de 2021 cuando los partidos políticos apenas discutían respecto a quiénes presentarían como candidatos y candidatas presidenciales, el régimen decidió poner en marcha la implementación de estas nuevas leyes para aplastar a la disidencia política y perseguir a las personas consideradas como opositoras hasta encarcelarlas, entre ellas, 7 personas que se habían postulado como pre candidatas presidenciales.
La nueva ola de represión comenzó el 28 de mayo de 2021. con la detención arbitraria de Walter Gómez y Marcos Fletes, ambos extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. La persecución escaló después de esa fecha, hasta dejar el saldo de más de 70 personas privadas de libertad sólo entre 2021 y 2022. Ya ha pasado un año desde el inicio de esta escalada y la lista de personas detenidas continúa aumentando.
Yubrank Suazo, quien había sido excarcelado en 2019, fue nuevamente detenido con violencia el 18 de mayo de 2022, lo que evidencia que el régimen no pretende detenerse en su afán de conducir a más nicaragüenses a sus inhumanas cárceles sometiéndoles a procesos en los que se ha demostrado la violación reiterada de las garantías del debido proceso.
Al día de hoy, el régimen mantiene en prisión a 190 personas presas políticas y antes de concluir el mes de mayo, las amenazas y asedio hacia líderes de la iglesia Católica habían escalado. La policía asedió al obispo de la Diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez y al sacerdote Harving Padilla, de la Parroquia San Juan Bautista de Masaya, impidiendo en éste último caso que la feligresía participara en las dos misas dominicales programadas para el 22 de mayo.
El 2 de junio el régimen decidió detener al padre Manuel Salvador García de 56 años, párroco de la Iglesia El Calvario en Nandaime y lo acusó de cometer el delito de lesiones en contra de una mujer luego de varios días en que los medios oficialistas realizaron una campaña contra el sacerdote. Actualmente, se conoce que la supuesta víctima rechazó los hechos imputados y afirmó que ella no había interpuesto denuncia, por lo que fue detenida posteriormente. Recientemente, el sacerdote fue condenado el 22 de junio, a dos años de prisión, en otra causa que se le abrió por el delito de amenazas en contra de simpatizantes sandinistas.
La represión poco a poco va alcanzando a todos los nicaragüenses, y con la cárcel se pretende callar las voces de estudiantes, periodistas independientes, defensores y defensoras de derechos humanos, activistas, mujeres feministas, políticos, líderes campesinos, empresarios, analistas, catedráticos, exfuncionarios de gobierno, católicos, evangélicos, comunidades LGBTI+, aspirantes presidenciales, padres y madres de familia, sus hijos e hijas, personas adultas mayores; todas ellas nicaragüenses que no cometieron ningún delito. Especial preocupación provoca la situación que enfrentan 18 mujeres prisioneras por motivos politicos recluidas en la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional y en los centros penitenciarios del país, debido a los riesgos a los que están expuestas por su género, incluida la violencia sexual. El régimen parece no tener fin en su afán de recurrir a distintas formas de violencia para perpetuarse en el poder, lo cual demuestra la falta de voluntad para cumplir sus compromisos internacionales. Actúa en total desacato de las órdenes expresas y recomendaciones de los organismos internacionales de protección de derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido 56 comunicados y numerosas medida cautelares a favor de las personas presas políticas en Nicaragua desde abril de 2018, todos ignorados por el régimen de Ortega y Murillo y sumado a eso, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias también ha emitido 7 opiniones que también han sido ignoradas. La Corte Interamericana ha otorgado medidas provisionales a una treintena de personas privadas de libertad por motivos políticos que también ha desacatado el Estado de Nicaragua.
Todas estas acciones suman, pero hace falta más. Así como los reiterados llamados de las y los familiares de las personas presas políticas, el más reciente, el pasado 23 de mayo, se necesitan más acciones que conduzcan a la liberación inmediata de todas las personas arbitrariamente privadas de libertad.
Entre más tiempo pase, los centros de detención policial, las cárceles e incluso las propias casas para quienes se hallan bajo arresto domiciliar, deterioran poco a poco la vida de quienes están pagando el precio de una condena injusta. Esta situación provoca daños difícilmente imaginables tanto en quienes permanecen injustamente encerrados como en sus familias, que tendrán consecuencias irreparables, afectando sus vidas, física, emocionalmente y su economía familiar.
También motivan preocupación quienes sufren bajo una situación de aislamiento prolongado, ya que este provoca consecuencias psicológicas graves como la ansiedad, estrés y depresión; así como incapacidad cognitiva y tendencias suicidas, según han expresado especialistas en el tema. Adicionalmente, los daños físicos provocados por la mala alimentación a la que son sometidos, la mala administración de sus medicamentos y la negativa del régimen de permitirles el ingreso de una cobija que les proteja del frío nos dan idea de los sufrimientos que provoca un entorno torturante, en las personas prisioneras políticas.
La falta del reconocimiento de las personas detenidas en Nicaragua como presas políticas ha propiciado que el Estado eluda sus responsabilidades y facilita que se considere infundado el alegato de que se trata de detenciones que se realizaron con motivaciones políticas.
Desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) y la Unidad de Registro (UDR), iniciamos la campaña #NicasLibresYa con la que aportaremos información sobre quiénes son las personas presas políticas en Nicaragua, la necesidad de que se les reconozca como tales a fin de que se proceda a su liberación inmediata como lo han recomendado órganos internacionales de protección de los derechos humanos y países miembros de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
En www.nicaslibresya.org, además de visualizar los perfiles de todas las personas cuyos familiares hayan otorgado autorizaciones, los usuarios tendrán acceso a la documentación correspondiente a medidas cautelares y provisionales otorgadas por la CIDH y la Corte IDH, respectivamente, en la sección de Biblioteca. Además la audiencia tendrá un espacio donde podrá hacer sus aportes suscribiendo comunicados o enviando mensajes de apoyo para las personas presas políticas.
Nuestra campaña busca resaltar la multidimensionalidad de los impactos que las detenciones arbitrarias están teniendo sobre 190 personas detenidas en Nicaragua por motivos políticos (172 hombres y 18 mujeres) según actualización del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas al 30 de mayo de 2022 y denunciar las injusticias que se cometen en un país gobernado por un régimen autoritario que controla las instituciones públicas y las utiliza para fabricar delitos y culpables, con el único objetivo de perpetuarse en el poder.
Es hora de sumar más voces que exijan desde todos los frentes y acompañen los esfuerzos diplomáticos por la liberación de las personas presas políticas en Nicaragua. Solo ejerciendo más presión se logrará reunir a estas familias y se podrá iniciar un proceso de memoria, justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. #NicasLibresYa