Carmen María Sáenz Martínez

Aunque en octubre de 2024 -dos meses después de su detención- en el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM) permitieron que sus familiares le dejaran un paequete con insumos básicos, en dicho centro nunca han confirmado que se encuentre ahí.

Carmen María Sáenz, de 49 años de edad, es abogada y trabajó en el Poder Judicial en Matagalpa hasta 2018. Carmen también fue asesora en Derecho Canónico en la Diócesis de Matagalpa y es madre de dos hijas, una de ellas adolescente.

Carmen  fue  privada de libertad el 10 de agosto de 2024 por agentes policiales, quienes allanaron su vivienda sin ninguna orden judicial y la interrogaron. Luego, procedieron a trasladarla con rumbo desconocido, sin informar los motivos de su detención.

Desde entonces, personas allegadas a Carmen la han buscado en el Distrito Policial III de Managua, en El Chipote, en el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM) y en la sede de la Policía Nacional en Plaza del Sol. En los primeros días de su detención, en Plaza el Sol les indicaron que estaba recluida en el Distrito III; sin embargo, en ese lugar les dijeron que estuvo ahí, pero que fue trasladada al EPIM, pero ahí también fue negada su presencia. El 1 de octubre de 2024, las autoridades penitenciarias del EPIM permitieron que le dejaran un paquete con insumos básicos, pero no entregaron un carné de visitante que haga posibles las visitas.

Carmen padece de migraña y de retención de líquidos en sus pies para lo cual toma el medicamento llamado “Hidramide”. No existe evidencia de que dicho medicamento le esté siendo proporcionado.

Teniendo en cuenta los riesgos graves y urgentes que existen para su vida e integridad personal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares el 24 de octubre de 2024.

Debido al incumplimiento del Estado de lo dispuesto en las medidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le otorgó medidas urgentes el 5 de marzo de 2025, las cuales fueron ratificadas mediante resolución del 27 de marzo, demandando que mientras se surten los trámites administrativos necesarios para la liberación inmediata de Carmen, el Estado proceda a determinar e informar de forma inequívoca a sus familiares y abogados de confianza sobre su lugar de detención; facilite su contacto inmediato con familiares y comunicación adecuada con sus abogados; y garantice el acceso inmediato a servicios de salud física y mental, medicamentos y alimentación adecuada.

A la fecha, el Estado continúa en desacato de las medidas ordenadas por la Corte.

¿Dónde está Carmen María Sáenz?

Exigimos al régimen Ortega-Murillo: ¡Nicas Libres Ya!