Oliver Bruno Palacios

Oliver es un joven indígena Mayangna de 25 años de edad, guardabosque y estudiante al momento de ser detenido. Es hijo del señor Rodrigo Bruno Arcángel, también condenado por los hechos de Kihuakumbaih tras un proceso judicial en el que se irrespetaron las garantías del debido proceso.

Hasta el día en que fue detenido arbitrariamente, Oliver realizaba labores de vigilancia, monitoreo, denuncia y desalojo de colonos en territorios indígenas. Su detención se dio en el contexto de la situación que enfrenta la Costa Caribe de Nicaragua por el proceso de invasión y violencia de colonos que han despojado a los pueblos indígenas de sus tierras ancestrales y que, en su mayoría, son exmilitares armados que actúan con el apoyo del Estado.

El 13 de agosto, a las 2:30 de la mañana, el hogar del padre de Oliver, donde él también residía, en la comunidad de Musawas, fue violentamente allanado por miembros de la Policía que destruyeron la vivienda con mazos y palas, quemaron tres colchones y lanzaron una bomba de humo.

A Oliver, previo a detenerle le encadenaron, golpearon y arrojaron al río. Esta agresión tenía como propósito que confesara su participación en la “Masacre Kiwakumbaih”, ocurrida el 23 de agosto de 2021 en la que fueron asesinados 13 indígenas miskitos, entre ellos dos mujeres.

Tras ese violento operativo, Oliver y sus demás familiares fueron trasladados al Centro Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, en Tipitapa, departamento de Managua, ubicada a casi 500 kilómetros de la comunidad en la que el habitaba.

El 15 de agosto de 2023, la Policía Nacional presentó a Oliver en una conferencia de prensa como miembro de una banda criminal denominada “Los Bruno”, vinculándole con otros grupos a los que se les atribuyen hechos delictivos.

El 5 de febrero de 2024, el Juzgado Quinto de lo Penal de Juicio Circunscripción Managua encontró culpable Oliver por los delitos de crimen organizado y como coautor de amenaza con armas y de portación o tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, sustancias o artefactos explosivos, coacción y desplazamiento, en perjuicio de dos agentes de la Policía Nacional, de la sociedad, la seguridad pública y del Estado de Nicaragua, imponiéndole una pena de 25 años de cárcel.

Los recursos internos presentados fueron ineficaces para lograr que se respetaran los derechos de Oliver.

En septiembre de 2025, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas emitió la Opinión N. 22/2025 relativa a Oliver Bruno Palacios, Rodrigo Bruno Arcángel, Tony Bruno Smith y Evertz Bruno Palacios, la cual destacó que los guardabosques, cuya lengua materna es el idioma mayangna, enfrentaron múltiples barreras debido a su pertenencia a un pueblo indígena.

El Grupo resaltó que el juicio se realizó solo en español, lo que impidió que los acusados comprendieran plenamente los procedimientos y participaran de manera efectiva en su defensa. El Grupo de Trabajo calificó la privación de libertad como arbitraria.

Al día de hoy, Oliver continúa injustamente en prisión, sin recibir atención médica especializada. Solo recibe comida una vez al día, permaneciendo expuesto a condiciones de calor prolongado, sin acceso al patio y bajo constantes amenazas por parte de agentes de la Policía Nacional, quienes les advierten que “morirá en la cárcel”. Oliver no tiene acceso a agua potable y la celda en la que está confinado se encuentra  infestada  de cucarachas y moscas, lo que le ocasionó problemas en la piel y en el sistema digestivo. Solo dispone de un orificio para realizar sus necesidades fisiológicas. No tiene colchones, por lo que debe dormir en el suelo, en contacto directo con los insectos y a escasa distancia del lugar destinado para realizar sus necesidades.

A todos los integrantes de la familia se les prohíbe comunicarse entre sí, y hablar en idioma mayangna, lo que es discriminatorio y degradante. Los familiares carecen de recursos para enviar paquetería adecuada, y se les rechaza de manera deliberada la comida culturalmente adecuada, bajo expresiones estigmatizantes que vinculan sus prácticas alimentarias con la “brujería”. Las condiciones materiales de detención incluyen dormir en el suelo, sin colchonetas ni cobijas, a pesar de las bajas temperaturas nocturnas. La familia ha intentado entregar ropa de abrigo sin éxito.

En ninguna de las excarcelaciones recientes se ha excarcelado a ningún indígena privado de libertad arbitrariamente.

Teniendo en cuenta los riesgos graves y urgentes para su vida e integridad personal, el 4 de febrero de 2026, la CIDH otorgó medidas cautelares a Oliver y otros guardabosques mayangnas.

La Comisión solicitó al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Oliver Bruno, su padre y familiares, considerando su condición de personas pertenecientes a un pueblo indígena; adopte las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención  sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia; concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; e informe sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos y así evitar su repetición.

Recientemente, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos y otros Procedimientos Especiales hicieron pública comunicación fechada el 9 de septiembre de 2025, que dirigieron al Estado, en la que expresaron grave preocupación por las denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los guardabosques indígenas, que incluirían episodios de violencia física, tortura y agresiones sexuales por parte de custodios y otros internos, lo cual representaría una grave vulneración a la integridad física y a la prohibición absoluta de la tortura. Además de las condiciones de detención, la falta de atención médica oportuna y especializada, pese al deterioro progresivo de su estado de salud, sería otro factor que comprometería gravemente su bienestar físico y mental.

El Estado continúa incumpliendo las medidas cautelares otorgadas por la Comisión y desatendiendo los llamados del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas.

¡Libertad para Oliver Bruno!

Exigimos al régimen Ortega Murillo: ¡Nicas libres ya!