Washington D.C., 10 de septiembre de 2024. Desde Raza e Igualdad y la campaña #NicasLibresYa, expresamos nuestra más enérgica condena a la decisión arbitraria tomada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de arrebatarle la nacionalidad nicaragüense a 135 personas que el pasado 5 de septiembre fueron desterradas hacia Guatemala tras sufrir cárcel por motivos políticos.
No es la primera vez que el régimen en Nicaragua deja en situación de vulnerabilidad y condena a la apatridia a personas que, por años, sufrieron de persecución política, torturas y ahora el destierro. Tras la excarcelación de 222 personas, presas por motivos políticos, el 9 de febrero de 2023, el régimen las despojó de su nacionalidad y, posteriormente, a otras 94 personas exiliadas les aplicó el mismo patrón que incluyó la confiscación de sus bienes.
En total, son ya 452 personas que nacieron en Nicaragua y han vivido todas sus vidas como nicaragüenses gozando de la protección que les reconocían las convenciones internacionales de derechos humanos y las leyes nacionales reformadas espuriamente por Ortega, Murillo y sus cómplices. Todas ellas han visto su nacionalidad revocada sin posibilidad de defenderse en los tribunales por una decisión del régimen, motivada por el odio hacia quienes piensan diferente y por la persecución política desatada en contra de un pueblo que reclama democracia y respeto a sus derechos humanos.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha advertido que las personas que quedan en la apatridia pueden “tener dificultades para ejercer sus derechos fundamentales como la educación, la salud, el empleo y la libertad de movimiento”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha afirmado que la privación arbitraria de la nacionalidad se encuentra prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos y por la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, de la cual Nicaragua es Estado parte, especialmente cuando se trata de una pena o sanción impuesta por motivos políticos.
Por su parte, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), en su actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas del día de hoy, denunció que en Nicaragua se continúan cometiendo crímenes de lesa humanidad, particularmente persecución por motivos políticos.
“Hechos que comportan graves violaciones y abusos de derechos humanos, y que incluyen la privación de la nacionalidad por motivos políticos; hechos que se han quedado impunes y sin reparación alguna” expresó Jan Michael Simon, presidente del GHREN, alegando que tienen motivos razonables para creer que Ortega y Murillo son los principales responsables.
Christina Fetterhoff, directora de programas de Raza e Igualdad, expresó que “el hecho de que estas 135 personas nicaragüenses hayan salido de la cárcel y ahora estén en un lugar seguro, sin malos tratos y torturas, nos trae alivio y esperanza; sin embargo la lucha no termina aquí ya que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo supera a las peores del mundo. Si no se les detiene ahora continuarán apresando, desterrando y despojando de su nacionalidad nicaragüense a más personas. ¡La solidaridad internacional debe ir un paso adelante!”.
Para Carlos Quesada, director de Raza e Igualdad, “la comunidad internacional no solo tiene el deber moral de condenar con firmeza estos hechos, sino también de promover la aplicación adecuada de la jurisdicción universal y extraterritorial. Asimismo, deben garantizar la protección internacional a todos los nicaragüenses que huyen de la persecución, facilitando su proceso de inserción para retomar sus proyectos de vida y defendiendo estrictamente el principio de no devolución, para que ninguna víctima sea obligada a regresar a un país donde su vida, libertad o derechos estén en peligro. ¡Es urgente redoblar los esfuerzos para poner fin a esta crisis!”
Adicionalmente, reiteramos nuestro llamado para que las instituciones financieras internacionales tengan muy en cuenta las prácticas aberrantes a las que recurre el régimen hacia las voces disidentes y en tal sentido les exhortamos una vez más a que procedan a la inmediata y urgente revisión de sus proyectos de desarrollo e inversión, y ante las constatadas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad se proceda a la suspensión condicionada y/o cancelación de los mismos en territorio nicaragüense.
Nuestro compromiso es y seguirá siendo, el de acompañar a las víctimas de la represión durante este proceso y exigir justicia ante las instancias internacionales por los crímenes que están cometiendo Daniel Ortega y Rosario Murillo y todos sus cómplices.
¡Sanciones para los responsables de las detenciones arbitrarias y el despojo de la nacionalidad nicaragüense!