Detenido por exigir justicia para su sobrino asesinado
Eddy Antonio Castillo Muñoz, de 44 años, es originario de Masaya, Nicaragua. Durante más de dos décadas, trabajó como ebanista, oficio que le permitió sustentar a su familia junto a Nelly Griselda López García, su pareja de toda la vida, con quien tiene dos hijas.
El 15 de abril de 2023, casi a medianoche, en un operativo, la Policía irrumpió en su casa en Masaya, deteniendo a Nelly y a Eddy, sin presentar una orden de arresto.
La acusación principal contra Eddy fue haber exigido justicia por el asesinato de su sobrino, Erick Jiménez, ocurrido en julio de 2018, y por supuestamente tener pólvora en su casa, lo que las autoridades interpretaron como un intento de «desestabilizar al gobierno».
Después de su arresto, Eddy fue trasladado al Distrito de III Policía de Managua, donde permaneció en desaparición forzada durante 58 días. Durante este tiempo, estuvo incomunicado, sin acceso a visitas familiares ni a su abogado, y fue sometido a interrogatorios constantes en horas de la madrugada.
Los agentes le preguntaban sobre su presunto rol como opositor, utilizando tácticas de tortura psicológica, como impedirle dormir y mostrarle fotos de sus hijas, tomadas por policías encubiertos, para generarle temor y angustia.
El 10 de junio de 2023, Eddy fue trasladado al penal “La Modelo” en Tipitapa, donde se encuentra recluido en condiciones inhumanas. Durante su reclusión, ha padecido episodios de fiebre, diarrea, y una alergia asociada a la mala alimentación que recibe en prisión.
A pesar de las reiteradas solicitudes de su familia, no se le ha permitido recibir medicamentos ni ha tenido acceso a atención médica adecuada. Su situación de salud ha empeorado, presentando síntomas como gripe y fuertes dolores de cabeza, sin recibir tratamiento alguno.
El proceso judicial contra Eddy ha estado plagado de irregularidades. Sus familiares no han tenido acceso a la defensa legal. El juicio, realizado sin transparencia, resultó en una condena de seis años de prisión por «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» y «propagación de noticias falsas». Esta condena refleja el ambiente de represión que se vive en Nicaragua, donde exigir justicia y expresar opiniones contrarias al gobierno se ha convertido en un delito.
Desde marzo de 2024, Eddy cuenta con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en junio de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos adopto de medidas provisionales para proteger su vida e integridad personal.
¡Libertad para Eddy Antonio Castillo Muñóz!
Exigimos al régimen Ortega-Murillo: ¡NicasLibresYa!